Homenaje a los inmigrantes ilegales
El inmigrante ilegal supone una carga menor que el inmigrante en situación regular para las cuentas de la Seguridad Social. Tampoco alimenta los argumentos de quienes basan su xenofobia en el coste que los extranjeros representan para los recursos y servicios del «Club Francia», simplemente porque carece de los documentos necesarios para acceder a la mayoría de las prestaciones del Estado de bienestar.
Ante los problemas sociales derivados de la inmigración y pese a sus diferencias ideológicas, los hombres del Estado —tanto quienes tienen el poder como quienes aspiran a él— coinciden en un punto: hay que luchar contra la inmigración ilegal. Esta lucha es la prioridad declarada de todas las políticas de inmigración que se nos proponen, sea cual sea el partido del que procedan. Una unanimidad demasiado ostentosa para ser sincera… Sin embargo, aunque resulte un chivo expiatorio fácil ante un problema difícil, el inmigrante ilegal tiene ventajas que no tiene el inmigrante en situación regular.
En primer lugar, al trabajar en negro, el inmigrante ilegal reduce los costes monetarios y no monetarios de la mano de obra. Refuerza así la competitividad del sistema productivo y frena la deslocalización de las empresas, que gracias a él pueden encontrar aquí lo que buscan fuera. Facilita la adaptación del empleo a las fluctuaciones cíclicas y aumenta la flexibilidad de la producción. El trabajador ilegal, ya sea nacional o extranjero, no hace más que anticipar la reducción de las cargas sociales que tiende a generalizarse. Al participar en las redes de la «economía informal», contribuye tanto a amortiguar las fluctuaciones económicas como a sostener a numerosas organizaciones que se encuentran en una situación desesperada.
El inmigrante ilegal que no contribuye a financiar el sistema de protección social tampoco puede utilizarlo en detrimento de los contribuyentes, precisamente por su situación clandestina. Una cosa compensa la otra: carece de los documentos necesarios para acceder a la mayoría de las prestaciones del Estado de bienestar, cuyas exigencias burocráticas conocemos bien. Por tanto, supone una carga menor que el inmigrante en situación regular para las cuentas de la Seguridad Social y no alimenta los argumentos de quienes basan su xenofobia en la presión que los extranjeros ejercen sobre los recursos y servicios del «Club Francia».
Por último, quienes temen que algún día se conceda el derecho de voto a los extranjeros que residen legalmente en el territorio nacional pueden quedarse tranquilos con el inmigrante ilegal: por definición, y debido a su situación irregular, jamás podrá participar en esas celebraciones electorales. La política, que a menudo no es más que un medio de imponer las propias convicciones revistiéndolas de fuerza de ley, es un camino que le está cerrado. No será el inmigrante ilegal quien utilice el monopolio público del poder coercitivo para imponernos reglas de convivencia contrarias a nuestros hábitos.
Pero ¿no está precisamente el inmigrante ilegal infringiendo las reglas de la vida en sociedad? No necesariamente. Si bien no respeta las normas establecidas por el Estado, sería un error creer que esas normas abarcan todas las reglas de convivencia. La legislación no es el Derecho, del mismo modo que la legalidad no es la legitimidad y ninguna ley establece los principios de la cortesía. Mientras el inmigrante ilegal respete las reglas naturales de la vida en sociedad, como la palabra dada, merecerá menos la expulsión que quienes las vulneran, aunque esté fuera de la ley. En un mundo donde la tutela del Estado resulta cada día más asfixiante, el clandestino desconocido nos muestra el camino de la independencia y despierta nuestro sentido adormecido de la libertad individual. Como tal, merecía este homenaje, que solo es paradójico en la forma.