El secreto bancario: un imperativo moral
«Lo peor que le puede pasar a una buena causa no es que la ataquen bien, sino que la defiendan mal», escribió Frédéric Bastiat. El secreto bancario y la competencia fiscal son un buen ejemplo de ello.
En efecto, demasiadas veces se defienden únicamente por los intereses económicos de Suiza. Por desgracia, los únicos que abordan este debate desde la perspectiva de la justicia o de la moral son los adversarios de la competencia fiscal y del secreto bancario, y nadie les contradice en ese terreno. Esto les permite monopolizar el debate de ideas y controlar el vocabulario, presentando así la cuestión de una manera totalmente sesgada. Es muy significativo que términos como «evasión fiscal» y «paraísos fiscales» hayan adquirido una connotación negativa, como si una «cárcel fiscal» o un «infierno fiscal» fueran situaciones deseables.
La mayoría de los defensores del secreto bancario y de la competencia fiscal aceptan así las premisas ideológicas de sus oponentes y se sitúan necesariamente en una posición débil. En resumen, la evasión fiscal sería lamentable, pero sería mejor que el dinero fuera a Suiza en lugar de a otros países. El secreto bancario sería ciertamente inmoral, pero nuestros bancos lo necesitarían, por ejemplo, para «preservar el empleo». Eso sí, renunciarían a él si otros países hicieran lo mismo. Como demuestra la constante erosión de la privacidad financiera, esta posición pragmática, de compromiso, no puede mantenerse: a largo plazo, la coherencia acaba prevaleciendo.
Los enemigos de la competencia fiscal la presentan como una rebaja fiscal injusta, una lucha destructiva entre las naciones que conduce al dumping social y al deterioro de los servicios públicos. Sin embargo, la competencia fiscal no hace más que someter a los Estados a la competencia. Desde el punto de vista económico, es un medio para promover la eficiencia; desde el moral, garantiza la libertad de elección y una mejor protección de la propiedad; y desde el político, permite limitar la tendencia naturalmente expansionista de los Estados.
Lo inmoral no es la evasión fiscal, sino los impuestos confiscatorios y arbitrarios que, en su mayor parte, financian gastos que el Estado no debería asumir. Por tanto, es perfectamente moral y legítimo tratar de proteger los propios ingresos frente a los impuestos: trabajando en un lugar y viviendo en otro más favorable desde el punto de vista fiscal, depositando el dinero donde esté más protegido o pagando la menor cantidad posible de impuestos mediante las distintas oportunidades de evasión fiscal. Además, la evasión fiscal también beneficia a los demás: limita el poder tributario de los Estados y a menudo los obliga a reducir los impuestos de todos.
El secreto bancario no es, por tanto, inmoral por el mero hecho de facilitar la evasión fiscal. Más fundamentalmente, es una simple consecuencia del derecho a la privacidad, que se considera evidente en muchos otros ámbitos.
Los reproches al secreto bancario suelen apoyarse en el mito del buen ciudadano que no tiene nada que esconder y que, por tanto, no tendría nada que temer de la proliferación de cámaras de vigilancia, de la abolición del secreto bancario o incluso de la ampliación de los poderes del Estado para vigilarlo, registrarlo, leer su correspondencia, escuchar sus conversaciones telefónicas, etc.
Sin embargo, no paseamos desnudos por las calles, ponemos cortinas en las ventanas, defendemos el secreto médico y no publicamos nuestros salarios. Esto no significa que tengamos algo que reprocharnos o que nos avergoncemos de nuestro cuerpo, de lo que ocurre en casa, de nuestras enfermedades o de nuestros ingresos. Significa simplemente que queremos que se respete nuestra privacidad y nuestro derecho a decidir qué información sobre nosotros compartimos y con quién. Queremos evitar, en particular, que otros puedan utilizar esa información para hacernos daño.
Además, hay otra realidad que se olvida con demasiada frecuencia: el Estado no siempre tiene razón y sus leyes no siempre son justas. Recordemos que la mayoría de los Estados del mundo no son Estados de derecho y que sus leyes no respetan necesariamente los derechos humanos. Incluso los Estados que afirman proteger la libertad a menudo no lo hacen hoy, y probablemente lo harán aún menos mañana. Resulta ilustrativo que un Estado considerado seguro y que siempre se presenta como defensor de las libertades recurra a amenazas escandalosas para presionar a un banco suizo.
El secreto bancario quedó consagrado en la legislación suiza en 1934 y ayudó a proteger de la persecución a los ahorradores que vivían bajo las dictaduras, tan frecuentes entonces incluso en Europa. Estos ahorradores querían invertir sus fondos en un lugar donde estuvieran protegidos, por lo general de forma ilegal: practicaban no solo la evasión fiscal, sino también la exportación ilegal de capitales, en un mundo marcado por el proteccionismo y los controles de divisas tras la Gran Depresión. Esperemos que no estemos de nuevo en la misma situación…
Sería muy lamentable abandonar el secreto bancario ante presiones perfectamente interesadas de Estados que buscan, como Estados Unidos, obtener más ingresos fiscales para financiar un gasto público excesivo o, como Gran Bretaña, defender los intereses de sus propios centros financieros. Sería igualmente lamentable abandonarlo con la condición de que los demás hicieran lo mismo: en un mundo donde Suiza fuera el único país que mantuviera el secreto bancario, su continuidad estaría aún más justificada. Y no solo por el evidente interés que tendría para el sector bancario.